Aprueban morenistas reforma de intervención de comunicaciones que antes criticaban

Dirigentes y legisladores de Morena y PT se opusieron en 2014 a las reformas que impulsaba el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto para autorizar la intervención de las comunicaciones, como se aprobó ahora con las nuevas leyes en telecomunicaciones y seguridad, impulsadas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ayer, en la Cámara de Diputados se discutió la minuta de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que contiene medidas semejantes a las rechazadas hace años.

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En ese entonces, Ricardo Monreal y Luisa María Alcalde, coordinador de los diputados de Morena y presidenta de ese partido, respectivamente, eran diputados por Movimiento Ciudadano y se opusieron a la reforma peñista.

Su bancada argumentó en contra de los artículos 189, 190 y 218 de la Ley de Telecomunicaciones del 2014, aprobada el 8 de julio en un periodo extraordinario.

Junto con otros legisladores que estaban en PRD, MC y PT, ahora en Morena, rechazaron las medidas de intervención de las telecomunicaciones contenidas en el título “De la Colaboración con la Justicia”, que tiene una redacción semejante a la nueva ley que hoy se debate en San Lázaro.

Además de Monreal, otros legisladores que en ese entonces rechazaron la ley y que ahora avalan los mismos términos de la intervención de comunicaciones son: Carol Antonio Altamirano, que era del PRD y ahora milita en Morena, y los petistas Lilia Aguilar, Ricardo Mejía y Magdalena del Socorro Núñez.

También eran diputados los ahora senadores Malú Micher y Manuel Huerta, de Morena, y el dirigente del PT, Alberto Anaya. La ley que se aprobó ayer dice:

”Artículo 182. Los concesionarios de telecomunicaciones, en su caso, los autorizados y los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes”.

”Artículo 183. Los concesionarios de telecomunicaciones deberán: colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales, en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionado por la autoridad”, se indica en la nueva ley.

Sin embargo, hace 11 años, la ahora dirigente de Morena presentó una moción suspensiva y se manifestó en contra de la intervención de las telecomunicaciones.

Dijo que no podía permitirse la autorización a cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia, como Ministerio Público, Procuradurías locales, Policía Federal, Segob, Ejército, Marina y Cisen, para que pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales, sin mediar una investigación previa ni requerir la autorización de un juez.

”Y que en un intento por calmar las aguas, (Javier) Lozano y el PRI prometieron dar marcha atrás y eliminar del dictamen estas medidas autoritarias. Pues no fue así. En un insulto a la inteligencia ciudadana maquillaron lo evidente, dejando todas estas figuras en el artículo 189 y 190. ¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal? Sólo en México”, reclamó Alcalde.

Tales artículos, el 189 y 190, son los que rechazaba en ese entonces la Oposición y son muy parecidos en la redacción a lo que se discute este 2025 con los artículos 182 y 183.

Alcalde se refería a los siguientes artículos, que aún están vigentes en la legislación aprobada en 2014: ”Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes”.

”Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación”.

“Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán: I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable”.

En la presentación de reservas para eliminar esta redacción, el diputado por MC, Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad en el sexenio anterior y ahora diputado por el PT, dijo que tal redacción no correspondía a un régimen democrático.

”Este título, el relativo a la colaboración con la justicia, es sin duda alguna el título más ominoso, más oscuro de esta nueva ley. Es un conjunto de disposiciones que vienen a prefigurar un Estado policiaco en nuestro país. Un Estado interventor de la vida privada de los ciudadanos. Un Estado, va a ser como el Big Brother, que narra el libro 1984 de George Orwell”.

”Esta disposición es la más regresiva y la más atentatoria contra los ciudadanos. Solamente desde la postración se puede apoyar que sin ninguna autorización de carácter judicial se pueda autorizar que se viole la privacidad de los particulares”.

”Se puede autorizar que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, los proveedores de servicios estén obligados a que cualquier autoridad les pueda decir que sigan a tal o cual ciudadano o que entreguen la información y sus datos”, expuso Mejía en tribuna, ya en la madrugada del 9 de julio del 2014.

La entonces diputada del PRD y ahora Alcaldesa morenista de Iztapalapa, Aleida Alavez, manifestó que la reforma atentaba con el derecho a la vida privada de las personas y de su intimidad a través del control de los datos personales.

Argumentó que se violaban los artículos primero, el principio pro persona; el 11, sobre libre tránsito de las personas; el 15, sobre el debido proceso, y el artículo 16, sobre la protección de los datos personales.

”Estaríamos trastocando nuestro sistema de justicia, el debido proceso y a la presunción de inocencia. La intromisión a nuestros datos personales y a nuestra vida privada, sólo servirá para incriminar y perseguir a quienes sean incómodos o les representen una amenaza. Es ilegal”, sostuvo Alavez.

Agregó que la intromisión del Estado tiene límites y estos están establecidos en la privacidad y la intimidad de las personas.”Como nunca, quieren controlar no sólo lo que vemos o escuchamos, sino hasta ahora lo que pensamos y sentimos”, consideró.

A nombre del PAN, PRD, PT y MC, la panista Beatriz Zavala explicó que el capítulo de “Colaboración con la Justicia” violaban derechos de los mexicanos por la retención de datos, la geolocalización y el bloqueo de señal.

La reserva se puso a votación y fue rechazada con 225 votos en contra del PRI, PVEM y Panal; y 182 a favor de la eliminación del articulado por parte de la Oposición, incluidos Monreal y Alcalde.