Inexplicablemente, durante casi 24 horas, un fantasma recorrió la de por sí fantasmal elección de integrantes del Poder Judicial. En la tarde del lunes, una vez que quedó claro que Hugo Aguilar sería quien presidiría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque era el candidato que había obtenido el mayor número de votos, comenzó a crecer la versión de que, por un tema de género, esa posición le correspondía a una mujer y que entonces la presidenta de la SCJN sería Lenia Batres.
Tanto se extendió la versión y tanto la dejaron rodar en el INE, que en la mañanera la presidenta Sheinbaum no pudo o no quiso dar como triunfador a Aguilar y dijo que era el INE quien decidiría quién encabezaría el nuevo Poder Judicial. Eso dio pie a más horas de incertidumbre hasta que, tarde, como parece ser costumbre, apareció Guadalupe Taddei, la presidenta del INE, a decir lo que dicen la Constitución y la ley: que el que presidirá la SCJN sería quien tuviera la mayor cantidad de votos, independientemente de su género, o sea, Hugo Aguilar.
Resulta muy difícil de comprender que un bulo de ese tamaño se haya podido dejar circular por tantas horas sin ser detenido por el INE. En realidad, lo que se intentó hacer fue lo mismo que en la elección de candidatos a la Ciudad de México, donde el expresidente López Obrador, en acuerdo con los duros de Morena, decidieron que la candidata fuera Clara Brugada, a pesar de que había quedado muy lejos de Omar García Harfuch, argumentando que era una cuestión de género.
En realidad, el tema del género era y es una coartada para acomodar muchas cosas al gusto de quien decide cuándo y dónde se aplica. Me temo que con el tema de género vamos a terminar viviendo algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos con la cultura woke: se estiró tanto la liga que, cuando se rompió, el columpio político se trasladó radicalmente hacia el otro extremo. Pero, más allá de eso, el intento de suplantar al ganador de una elección ya de por sí cuestionada y raquítica en términos de votos y participación, fue uno más de una serie que busca restarle poder a la presidenta Sheinbaum y desestabilizar su administración.
Son ya varios los intentos y todos tienen el mismo origen político. El más notable, porque tuvo éxito, fue el reemplazo de la candidatura de García Harfuch en la CDMX, ignorando el voto popular para darle esa posición a Brugada. El otro fue el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, cuando ni siquiera había pasado el comité de evaluación y era evidente que no era la candidata de Sheinbaum. Las iniciativas legislativas de la mandataria, incluso en el tema de la seguridad o en el de no reelección y antinepotismo no se terminan de aprobar o se hacen con cambios que modifican su sentido. De esos sectores surgió el rumor de una ruptura en el gabinete de seguridad entre García Harfuch y el general Ricardo Trevilla, tratando de debilitar las dos principales instancias de apoyo, personal e institucional, de la mandataria, en un momento clave para la seguridad en el contexto de la compleja relación con Estados Unidos. Los duros de Morena no quieren a ninguno de los dos, ni a García Harfuch ni al general Trevilla, no quieren acabar con los abrazos y no balazos, y tampoco quieren al Ejército mexicano.
Si nos ponemos a indagar de dónde surgió la movilización de la CNTE con una agenda que nada tiene que ver con la educación, descubrimos que fue por una reforma que impulsó Martí Batres y que echó para atrás la presidenta Sheinbaum, pero que ya había sido tomada como coartada por la Coordinadora. De allí se agarraron, iniciado el movimiento en la Ciudad de México para pedir, además, la derogación de la ley de pensiones de 2007 y el aumento salarial del 100 por ciento.
Todas esas operaciones, y otras, tienen un sello tan indiscutible como su objetivo. Me pregunto si en Palacio Nacional no lo ven, no lo quieren ver o están esperando los tiempos adecuados para ajustar cuentas. Como dicen, es pregunta.
El próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, no es un personaje muy conocido, pero su elección es el resultado de una muy buena operación política: difícilmente se podría haber elegido a un aspirante que embonara mejor con el discurso oficial, pero también de amplios sectores de la sociedad mexicana: un abogado indigenista, oaxaqueño de Tlaxiaco, relacionado con causas históricas de la izquierda mexicana, un outsider de la justicia que quedará al frente del sistema de justicia del país. No es Benito Juárez, que cuando llegó a la Suprema Corte era ya un político con ambiciones nacionales, pero la equiparación sirve.
No se entiende, entonces, la narrativa que se ha construido en torno a Hugo: el próximo ministro presidente quizás estuvo alguna vez en las negociaciones de paz con el EZLN, pero entonces era muy joven, tenía apenas 20 años, y no pudo haber tenido ningún rol protagónico ni mucho menos haber sido un asesor del zapatismo. Tampoco lo tuvo en la solución del histórico conflicto entre Oaxaca y Chiapas por los Chimalapas. Sí fue subsecretario y su trabajo fue bien valorado en el gobierno de Gabino Cué en Oaxaca, y desde entonces se convirtió en muy cercano a López Obrador.
Es un funcionario con poca experiencia para dirigir el sistema de justicia, pero con un perfil que será bien recibido. No habría que crear una narrativa para un personaje que puede crecer por sus propios méritos.