El pasado 22 de noviembre se implementó la Operación Enjambre en el Estado de México, la cual contó con el apoyo del gobierno de Claudia Sheinbaum a través del gabinete de seguridad. Los resultados ya han sido altamente difundidos y no sería nada extraño que dicho operativo tienda a ser la nueva cara de una estrategia de seguridad que busque marcar distancia con el fallido abrazos, no balazos, de López Obrador, que no sólo resultó ser ineficaz, sino que además dejó un saldo de más de 200 mil muertes dolosas y miles de desaparecidos, una herida abierta en el tejido social del país.
La Operación Enjambre, aplicada inicialmente en varios municipios del Edomex, ha generado expectativas contradictorias. Por un lado, sugiere que el gobierno está dispuesto a imponer la fuerza del Estado con inteligencia para desarticular las redes criminales, comenzando por desmantelar las protecciones policiales de autoridades municipales. Sin embargo, los resultados del operativo también exponen la gravedad de la infiltración del crimen organizado. De las 14 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios municipales, sólo se logró detener a siete; seis lograron huir tras recibir alertas, y uno más, el director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, optó por quitarse la vida al ser notificado de su captura.
El despliegue de la operación incluyó a mil 500 elementos de la Defensa, la Marina, la GN, la SS del Edomex y la FGR, con trabajos de inteligencia coordinados. Este esfuerzo representa un primer paso en el intento de desarticular las redes de complicidad entre autoridades y delincuencia organizada. Sin embargo, los resultados obtenidos, aunque alentadores, no son suficientes para echar las campanas al vuelo. La corrupción y la colusión van más allá de los gobiernos municipales: abarcan a funcionarios estatales, gobernadores y legisladores, como se ha denunciado repetidamente.
Ejemplos sobran: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ha sido señalado por Ismael Zambada, y varios diputados y senadores han sido vinculados con financiamiento ilícito proveniente del narco. Si bien Enjambre promete ser un punto de partida, su éxito dependerá de la voluntad de perseguir no sólo a los charales, sino también a los “peces gordos”.
En este contexto, Omar García Harfuch parece contar con el respaldo incondicional no sólo de la Presidenta, sino de actores clave como el secretario de Defensa y los titulares de Marina, GN, CNI y la FGR. Este apoyo es fundamental para enfrentar la violencia desatada por los cárteles y avanzar hacia una pacificación real del país. No obstante, el gobierno de Sheinbaum también enfrenta la presión externa, particularmente de Donald Trump, quien ha amenazado con medidas unilaterales extremas para contener el flujo de migrantes y combatir a los cárteles mexicanos.
La posibilidad de una “invasión suave”, es decir, el despliegue encubierto de fuerzas especiales de EU para eliminar a los cabecillas del narco, si bien estará siempre latente, puede ser improbable, como ha enfatizado Marcelo Ebrard, porque aceptar tal acción, sería una violación a la soberanía nacional y una línea que Sheinbaum no está dispuesta a cruzar. La crisis del narcotráfico, que ha cobrado cientos de miles de vidas en México y EU, obliga a ambos países a buscar soluciones coordinadas, pero no con amenazas de invasión ni del cierre de las fronteras. López Obrador y Ebrard lo hicieron con miles de soldados, y el costo para su gobierno fue enorme, Sheinbaum debe ser más inteligente.
Si la Operación Enjambre aspira a ser algo más que un despliegue mediático, deberá demostrar resultados contundentes, no para satisfacer a EU, sino a los mexicanos. Hay estados como Tabasco, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán, donde no bajan los índices de violencia, las masacres ni la corrupción. La legitimidad de esta nueva estrategia dependerá de otras acciones para golpear a los cárteles: en sus finanzas y alianzas políticas.
DE IMAGINARIA
El Gral. Ricardo Trevilla dijo que no existe ningún riesgo ni amenaza en contra de la seguridad de López Obrador y que la designación de personal militar es para todos los expresidentes. También aclaró que el cuartel cercano al rancho del exmandatario ya estaba ahí, y lleva muchos años.